En un estado moderno, el acceso a la función pública se orienta por los criterios de igualdad, mérito y capacidad. Sin embargo, en el ámbito de la educación las innumerables administraciones competentes y el entusiasmo con el que cada una de ellas cultiva sus singularidades ha convertido la empresa de presentarse a unas oposiciones en un mosaico complicado, en el que es necesario encajar los requerimientos propios y las exigencias de todo tipo que rompen sin disimulo la igualdad de oportunidades de la que deberían disfrutar candidatos nacionales de cualquier procedencia.
Esta circunstancia, más las casi dos decenas de normativas diferentes que distinguen a cada comunidad, hace que el opositor deba poner “preposición” a cualquiera de sus aspiraciones de empleo: “Maestra de infantil de la Comunidad Valenciana”, “una plaza de latín en Galicia”, “diez de matemáticas para Extremadura”… E incluso descarte otras tantas a causa de lo que más nos debería unir y que es, de facto, la argucia que utilizan taimadamente las distintas administraciones para disgregar, distinguir y separar: la lengua. La promoción de un mérito “mayor” relacionado con el idioma local de un concurrente es una perversión a la que quizá algún día el colectivo de afectados tendrá que presentarle cara, pero que ahora constituye un juguete políticamente correcto de indudable valor para la promoción artificial “de los nuestros”, una anomalía que no redunda en la calidad de la selección ni en la promoción del talento en el ámbito educativo. Ni en ninguno.
Pero si le concedemos al imperfecto sistema las bazas que resultan imbatibles, todavía nos queda un mazo de cartas por jugar. Y una pregunta que el opositor puede formularse es la siguiente: ¿Merece la pena presentarse a las pruebas de una región española que no es la propia? Desde mi punto de vista, la respuesta es tajante: SI.
En una próxima entrada analizaremos los argumentos que respaldan lo que algunos tildarían de temeraria afirmación, y que puede que no lo sea tanto…
